El fiscal federal Federico Delgado envió a los Estados Unidos un exhorto para saber si el músico Carlos «Indio» Solari tiene bienes en ese país.
El requerimiento surge de una causa por presunto lavado de dinero y evasión contra el cantante, que se inició tras el recital que ofreció en marzo en la ciudad de Olavarría, donde murieron dos personas.
La causa se abrió a raíz de una denuncia de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, para que se investiguen una serie de sociedades que estarían vinculadas a Solari.
Según el titular de esa organización dedicada al cambio climático, el dinero recaudado en este recital habría sido lavado mediante una sociedad dedicada a la venta y construcción de inmuebles. La última etapa sería el envío de dinero a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad off shore y el uso del mercado de los bitcoins.
Una de esas empresas es la organizadora de aquel recital del cantante, En Vivo S.A., a la que sindica como que «posiblemente evadió el pago de tributos, realizó facturación apócrifa para evadir impuestos de la AFIP», además de haber «sobrevendido entradas» para el espectáculo.
«La productora firmó un convenio con la municipalidad. Tras el pago de retornos, el gobierno local habría instruido a la policía para que no intervenga preventivamente y permita que los participantes del evento transiten libremente y consuman estupefacientes, quizá vendidos en el lugar», agregó la denuncia.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había rechazado la denuncia, pero la Cámara Federal ordenó que se investigue. A partir de entonces, la causa quedó a cargo del fiscal Delgado.
Ahora, el fiscal dispuso varias medidas de prueba. Una de ellas es que Estados Unidos informe si allí Solari o algún integrante de su familia tienen bienes. Es porque en la denuncia se deslizó esa posibilidad. El pedido se canalizó a través de la Dirección General de Cooperación internacional de la Procuración General de la Nación.
El funcionario judicial también pidió información a organismos locales: requirió información de Solari a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a registros de la propiedad del automotor y del inmueble.